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El consejero del sindicato Gestha, Manuel Redal, ha criticado que la propuesta del empresario norteamericano Sheldon Adelson supone la “instalación de un verdadero paraíso fiscal en territorio español” y ha lamentado que “podría dar lugar a que se lavara dinero procedente de actividades ilícitas”, en declaraciones a Europa Pess Televisión.

Además, ha recalcado que “no se puede permitir” que los futuros trabajadores de este proyecto se guíen por reglas distintas al Estatuto de los Trabajadores, que el vigente en España, y no puede haber lugares del país con distinto criterio.

“Si se trata de las condiciones que inicialmente se propusieron sería un verdadero paraíso fiscal, donde unos tendrían un régimen laboral completamente al margen del resto de los españoles”, han criticado desde Gestha.

Las claves de la polémica decisión las ofrece el Boletín Oficial del Estado (BOE) que publicó ayer el real decreto que la regula. Hacienda exonera de responsabilidad penal, de penas de cárcel por delito tributario, a las sociedades o personas que admitan su fraude. “La regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda pública, y la Administración podrá continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al ministerio fiscal”, señala el BOE. Es decir, que Hacienda no exigirá “sanciones, intereses ni recargos” a los que reconozcan sus pecados fiscales y hagan un acto de contricción, bajo una pena o multa del 10% sobre el dinero que tenían oculto. Para ello modifica la Ley General Tributaria.

El Gobierno, además, garantiza el anonimato a los contribuyentes que se aprovechen de este resquicio legal que abre hasta el 30 de noviembre. “Podrán presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria”, sostiene la referencia del Consejo de Ministros del viernes.

Los inspectores de Hacienda, a través de su organización principal (IHE), critican la medida. “Es un auténtico disparate. Qué le decimos ahora a la persona que inspeccionamos por haber aplicado mal una deducción. Es frustrante e incoherente con el sistema tributario español”, sostienen desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. La amnistía fiscal permitirá blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. Las operaciones de blanqueo suelen tener un diseño societario muy complejo, pero la regularización se puede hacer independiente del origen de ese dinero, confirman los inspectores.

“Con esta medida se podría limpiar el dinero procedente del tráfico de drogas, de la prostitución o del tráfico de armas… En vez de tenerlo debajo de una losa, ahora lo pueden regularizar y meterlo en el banco pagando solo el 10% a Hacienda”, explica José María Mollinedo, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Un portavoz del Gobierno descarta esta posibilidad y asegura que en el modelo de declaración para la regularización habrá que explicar con detalle la procedencia legal del dinero para evitar que, por ejemplo, se blanquee dinero procedente del terrorismo o de otras actividades ilícitas.

No obstante, desde esta asociación consideran que es poco probable que estos casos acudan a la regularización fiscal del Gobierno y creen que la medida no tendrá el impacto deseado. “El que tenga el dinero en Bahamas no tiene necesidad de aflorarlo. Solo lo harán aquellos que tengan el aliento de Hacienda detrás”.

Uno de los mayores fraudes destapado por la Agencia Tributaria provocó en 2010 la principal regularización fiscal hasta entonces. Un total de 659 contribuyentes que tenían cuentas opacas en Suiza pagaron 260 millones para “legalizar” sus cuentas. En esta operación no se abrió un expediente formal, sino que fue un proceso “de verificación de obligaciones formales”. La norma que regula la amnistía fiscal excluye a las cuentas que Hacienda ya investiga o sobre las que ha iniciado un expediente de comprobación, pero no precisa nada para aquellos a los que se les haya abierto un proceso de verificación o reclamado información complementaria. Estos son, según los expertos, los que se acojan a la amnistía.

“Es imposible estimar cuánto se ha defraudado, pero es probable que se haya acumulado una importante bolsa de dinero negro, asociado al boom de la construcción”, opina Santiago Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo. “Para los que tienen ese dinero negro, puede ser muy ventajoso regularizar su situación con el pago de una multa del 10%, sobre todo si luego se pone mucho más difícil moverlo”. “El problema”, matiza, “es el efecto secundario de medidas como esta: los que pagan impuestos le ven ahora menos sentido, hay un deterioro de la moral fiscal, algo de lo que no estamos especialmente sobrados”. Estimar el impacto de ese efecto secundario, señala este catedrático es “tanto o más difícil” que calcular cuánto se puede recaudar.(el Gobierno espera 2.500 millones) con la amnistía fiscal.

Fuente: El Pais

El diputado general del de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha remarcado que en el Decreto Ley del Gobierno central existe “una segunda amnistía fiscal” dirigida a las sociedades con filiales en paraísos fiscales que en su regularización pagarían un 8% y que de igual modo ha criticado.
Respecto al argumento del Ejecutivo central de que con la amnistía se evitará una subida del impuesto del IVA, Bilbao ha señalado que “se pueden utilizar todos los argumentos que quieran”, pero realmente de lo que se habla es de que “activos no declarados, que pueden ser fajos de billetes de 500 euros, pagando un 10% se regularizan y nadie puede hablar de delito fiscal”.
El PP avisa: El dinero “aflorará en otros territorios”

El parlamentario y presidente de los populares de la provincia, Antón Dambornea, ha advertido Bilbao de que su negativa a aplicar la denominada amnistía fiscal aprobada por el Gobierno central “perjudicará a Bizkaia” porque el dinero “aflorará en otros territorios”, en los que se pondrá en circulación.
Además, ha querido enfrentar su medida a las que, según ha asegurado, aplicaron Diputaciones del PNV y Gobiernos de Felipe González, que “remuneraban el dinero negro al 5% con los pagarés, y garantizaban la opacidad”: “No tiene nada que ver”, ha acusado.
“No planteamos que haya que hacerlo en el País Vasco, pero hay que darle una vuelta, porque es evidente que, si en los últimos dos años estas medidas las están aplicando Italia, Portugal, Francia o el Reino Unido por el criterio diferente de la OCDE, a ver si aquí nosotros no vamos a aplicar ninguna medida y la gente que tendría que regularizar su situación en Euskadi, en vez de hacerlo aquí lo hace en Cantabria o en Burgos, y nosotros no recaudamos nada”, ha argumentado.

Fuente: Publico

Cuando el pasado martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el Gobierno haría “uso este año de herramientas fiscales equitativas” se refería, entre otras medidas, a limitar los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades que aplican las grandes empresas. Y, especialmente, los grupos consolidados, que tienen la capacidad para reducir a la mitad su factura fiscal a través de bonificaciones. En 2010, último año del que hay datos, la cuota íntegra en el impuesto sobre sociedades de los 3.000 grupos consolidados que tributan en España ascendió a 12.146 millones, una cifra que, tras aplicar las deducciones que contempla la legislación, se redujo a 6.100 millones.

Se trata de un viejo problema. El impuesto sobre sociedades es, sobre el papel, un impuesto progresivo en el que las pymes tributan al 25% y las grandes empresas al 30%. Sin embargo, la multitud de deducciones y la capacidad de ingeniería fiscal de las grandes compañías provoca que, en realidad, una pyme aplique un gravamen mayor que una multinacional.

Por ejemplo, una empresa con unos ingresos que no superan los 50.000 euros tributa a un tipo efectivo del 22,9%, mientras que un grupo consolidado -con ingresos superiores a los 1.000 millones- aplica un gravamen del 15%. De hecho, una multinacional paga como un asalariado medio en el IRPF.

Fuentes internas de la Agencia Tributaria aseguran que las empresas que cotizan en Bolsa tributan todavía a tipos menores. “Pagan lo que quieren”, aseguran. En este sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy, al igual que el anterior de José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha reconocido “que se abusa de los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades”. Sin embargo, esperará a que la situación económica mejore para abordar un reforma en profundidad del tributo. En cualquier caso, que existe un problema es evidente. En este sentido, el Plan de Control Tributario para este año indica que la inspección “prestará especial atención a la deducción de gastos financieros generados artificiosamente con el único propósito de no pagar impuestos”.

Los informes que hasta ahora ha manejado el Ministerio de Hacienda contemplan “limpiar” de deducciones y beneficios fiscales el impuesto a cambio de reducir el tipo nominal, que en España asciende al 30%, uno de los más altos de la UE. Hacienda, de momento, descarta una rebaja de los gravámenes nominales.

Prioridad en el recorte del gasto

El impuesto sobre sociedades es, con diferencia, el tributo que peor evolución registra desde que estalló la crisis. En 2007, el Estado recaudaba 44.823 millones por el impuesto que grava los beneficios empresariales una cifra que se ha reducido hasta los 16.611 millones. Es decir, ha caído un 62% en cuatro años. Con todo, la recaudación de este tributo registró en 2011 un ligero incremento del 2,5% anual, una dato que resulta engañoso. El aumento se explica por el incremento de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Esta medida que adoptó a la desesperada el anterior Gobierno en agosto para cumplir con la reducción del déficit y que afectó a empresas que facturan más de 20 millones, permitió ingresar 2.000 millones adicionales. Sin ese importe, la recaudación del impuesto sobre sociedades habría caído un 10%.

Si bien Hacienda estudia medidas que permitan elevar los ingresos en el impuesto sobre sociedades, es consciente de que la capacidad recaudatoria de este tributo en un entorno de recesión es muy limitada. En este sentido, Montoro mantiene que los Presupuestos para el ejercicio en curso que se presentarán el próximo 30 de marzo incluirán medidas más drásticas por el lado del gasto que por el de los ingresos. En cualquier caso, cada vez gana más fuerza la posibilidad de elevar los impuestos especiales.

Fuente: Cinco Días

Seguramente hay una parte de verdad, y no pequeña, en que somos pocos competitivos, que consumimos más que lo deberíamos y que, en general, hemos querido vivir por encima de nuestras posibilidades pero…
También es cierto que la evasión fiscal ha alcanzado cifras inasumibles en cualquier país serio. La economía sumergida ronda el 25% del PIB del país. Asumiendo que como mínimo el Estado deja de ingresar un 20-25% en impuestos por ello, estamos hablando de 50.000-62.500 millones de euros.

Comparen esta cifra con el déficit del 2011 (85.000 millones de euros) o con el previsto para este año (58.000 millones de euros) y nos daremos cuenta de la magnitud del tema.

Muchas veces se nos quiere explicar “didáctica y sencillamente” el tema del déficit, con la analogía de la familia que gasta más que lo que ingresa. Pocas veces se dice en ese “cuento” que, por ejemplo, algún familiar, o bien no entrega a la familia todo lo que gana o se lleva más de lo que le corresponde.

Es verdaderamente increíble y debería hacer sonrojar a quiénes lo habían elegido y mantenido en el cargo tres años, que hoy esté sentado en el banquillo de los acusados por evasión fiscal el ex presidente de CEOE, interlocutor privilegiado de sindicatos y gobierno durante ese período y seguramente partidario acérrimo de recortar costes laborales e indemnizaciones.

¿Quién vivía entonces por encima de sus posibilidades? ¿El empresario o sus trabajadores? Vaya como ejemplo una de sus frases “Se sale de la crisis trabajando más y ganando menos” (octubre 2010).

Los casos de corrupción existen en casi todos los niveles. Es cierto que hay quién cobra algún subsidio sin merecerlo, quién realiza un servicio a domicilio sin que haya pago del IVA, o quién abusa de las recetas de medicamentos generando gasto innecesario, pero no nos engañemos: son “pecata minuta” en comparación con el dinero de la corrupción y de la evasión fiscal de alto nivel (sólo basta como ejemplo ver algunos de los casos más mediáticos).

Es más fácil aumentar los impuestos de los que cobran una nómina o recortar los servicios que atacar los temas de evasión, de corrupción y el desvío de fondos a paraísos fiscales. Se puede discutir si el nivel fiscal debe ser el que es, menor o mayor. Lo que no es discutible ni negociable es que todos deben colaborar.

Los países serios y, a los que mejor les va, se caracterizan, entre otras cosas, por una mayor honestidad de sus ciudadanos y por una mayor concienciación sobre su contribución a la sociedad en la que viven.

No nos sorprendamos si cada vez habrá más indignados y manifestaciones más o menos violentas.

Fuente: La Vanguardia

“Quiero que la fiscalidad y la nacionalidad estén vinculadas”, señaló Sarkozy en el programa Parole de candidat (Palabra de candidato), una emisión dirigida por Laurence Ferrari en la que el aspirante a la reelección se sometió a las preguntas de los ciudadanos.

Quiero que la fiscalidad y la nacionalidad estén vinculadas Las personas que fijan su residencia fiscal en el extranjero con ese fin deberán declarar a la Administración francesa lo que pagan en concepto de impuestos en el exterior y, si esa suma es inferior a lo que habrían de abonar en Francia por las rentas del capital, tendrán que pagar la diferencia, explicó.

El candidato de la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP) a los comicios presidenciales de abril-mayo próximos subrayó que la medida que quiere aplicar no afectará a los franceses que trabajan en otros países y que cifró en 2 millones de personas, sino a aquellos que cambian su residencia fiscal con el objetivo de ahorrarse impuestos.

Sondeo preelectoral
Por otra parte, el presidente francés aparece por primera vez en un sondeo publicado este martes por delante de su principal rival para su reelección, François Hollande, en la primera vuelta de las elecciones del próximo 22 de abril, aunque el candidato socialista sigue como vencedor distanciado en la segunda.

Araña votos sobre todo al ultraderechista Frente Nacional El sondeo de Ifop para tres medios de comunicación -Europe 1, Public Sénat y Paris Match- efectuado tras un multitudinario mitin de Sarkozy el pasado domingo le da una intención de voto del 28,5%, lo que significa 1,5 puntos más que la anterior encuesta realizada por el mismo instituto demoscópico.

Hollande pasa al segundo puesto en esa primera vuelta al quedarse con el 27 %, lo que significa 1,5 puntos menos.

Según el análisis del sondeo, Sarkozy araña votos sobre todo al ultraderechista Frente Nacional (FN), ya que su candidata, Marine Le Pen retrocede un punto porcentual al 16%, mientras que Hollande se ve perjudicado por la subida a su izquierda de Jean-Luc Mélenchon (1,5 puntos más hasta el 10%).

El informe no ofrece estimaciones de la cantidad de dinero eludida. “No hemos avanzado lo suficiente en materia de transparencia”, ha apuntado el director del Observatorio, Orencio Vázquez. El debate social, sin embargo, ha cobrado más relevancia respecto a hace ocho años, cuando se empezó a elaborar este estudio.

“Que un actor no pague significa que serán los otros que tendrán que asumir los costes”, explica Cordero. “No basta con que las empresas digan que tienen principios. El consumidor tiene derecho a más transparencia para establecer con ellas una relación acorde con sus principios”.

El área de derechos humanos es la que cuenta con menos información
Ninguna de las empresas analizadas, de acuerdo con el informe, presenta de manera desglosada los impuestos que paga y las subvenciones que recibe en cada uno de los países en los que operan. En 2010, el 85% de las compañías declararon contar con cláusulas de blindaje para sus ejecutivos, un porcentaje en alza frente al año anterior.

El área de derechos humanos y laborales es la que cuenta con la información más escasa, sobre todo en el caso de empresas que operan en países de alto riesgo, como Marruecos, Cuba, Colombia y China. Tampoco se proporcionan datos sobre el porcentaje de afiliados a sindicatos y empleados cubiertos por convenios.

Agujero negro digital

El comercio electrónico está facilitando la evasión de impuestos. El vacío en la regulación del negocio online permite a las empresas que establezcan la sede de las sociedades encargadas de la facturación en paraísos fiscales. “Estas prácticas, además de poco responsables hacia el desarrollo local, pueden llevar a situaciones de competencia desleal frente a productos similares al no verse repercutido el impuesto sobre el precio final que paga el consumidor”, subraya el informe.